No, no voy a hablar del secuestro del Alakrana. Podría preguntarme si debemos considerar un éxito de nuestra diplomacia el que el gobierno de un gran país, como es el nuestro, pague cuatro millones de euros a cinco pirados – kalashnikov en mano- que viajan en patera con dos tibias y una calavera por bandera.

Pero prefiero hablar de otros piratas más mundanos y cercanos. De ti, de mi, y de todos aquellos que hacemos un uso cotidiano de Internet y que por ese simple hecho, desde gobierno, instituciones y medios de comunicación se nos tacha de manera tan gratuita de “piratas”.

El pasado 21 de noviembre se aprobó en la Unión Europea el Telecom Package, un marco legal -no exento de polémica- que determina las pautas que deberán seguir los países miembros para crear sus propias leyes en cuanto a Internet se refiere. Para muchos se trata de una oportunidad perdida en la que se deberían haber sentado las bases de la neutralidad de la red: todos los bits que circulan por ella son iguales y sin prioridad. Ningún operador debería controlar o cortar el tráfico, así como ningún gobierno o entidad de gestión (como la SGAE) pudiera realizar “cortes de red preventivos”.

Una oportunidad perdida: el que hacer con estos dos puntos tan determinantes, el control de la información y su monitorización, quedan en manos de los gobiernos de cada país.

En nuestro caso, esa decisión la va a tomar un gobierno que no tiene respeto por los internautas. Si bien la ministra de cultura mostraba un profundo desconocimiento al preguntarse hace poco más de un año para qué necesitamos ADSL a no sé cuántos gigas, desde la coalición de creadores de contenidos –consultora contratada por el ministerio de cultura- su presidente no duda en considerar unos yonkis a los usuarios que consuman contenido audiovisual, por lo cual no les culpa, pero propone perseguir a quien proporciona esa “droga” es decir, las telecos.

El progreso de Internet ha alcanzado una velocidad de crucero que ya no se puede parar. Hay que asumir los cambios que ello conlleva, renovarse o morir. Hay posibilidades para todos, salvo para aquellos que no quieren verlas. De ahí que la cultura y prensa tradicional lo consideren una amenaza. Hasta tal extremo que han puesto a sus mejores cabezas pensantes a buscar una solución, que no precisamente pasa por renovarse, si no que consiste en hacer presión en gobierno y operadoras para coartar la libertad de los internautas. Así pues, por un lado la amenaza de la ley de los tres avisos, y por otro el cobro de un canon (otro más!) por referenciar medios de comunicación tradicionales son cada día más factibles.

Sin duda el lobby de la cultura y el de la prensa son muy poderosos, pero los 24 millones de internautas españoles debemos opinar sobre la red que queremos, y no dejar que la esencia de Internet, la libertad, quede en un simple recuerdo.

Alberto Urosa